«Ningún secreto puede limitar la libertad de expresión en lo tocante al interés público. No existe la violación de un secreto de Estado, sólo el secreto de Estado viola el derecho imprescriptible del ciudadano a no ignorar nada de lo que le concierne y le implica. La gestión de los asuntos públicos no tiene que oponer secretos a los administrados puesto que éstos han de ser sus únicos beneficiarios.
»¿Por qué íbamos a admitir por más tiempo que una opacidad, deliberadamente mantenida, continúe amparando unas operaciones pensadas para embaucar a los ciudadanos? Los refugios de confidencialidad que sirven de cámara acorazada a los consorcios, a las corporaciones y a sus campañas de beneficios no tiene razón alguna para existir en una sociedad firmemente decidida a gestionar sus interes únicamente en beneficio de quienes la componen.
»Promover una gestión más honesta de los asuntos públicos o res publica es un acto ciudadano que no puede seguir tolerando por más tiempo las cajas negras, los acuerdos secretos, las maniobras de las grandes potencias financieras internacionales y sus delegaciones regionales, la banalización de las malversaciones y de los timos a los que los gobiernos sucesivos se dedican con ejemplar unanimidad... »
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